En 1984, los ciudadanos de Oceana no disponen de ningún espacio libre para su intimidad que escape a la vigilancia y a la intromisión del Gran Hermano. El Estado poseía una base de datos masiva y centralizada en la que acumulaba todo lo que podía saberse de cada sujeto. Los Estados actuales tienen una capacidad tecnológica para ejercer una vigilancia, así como para vincular y recuperar datos, muy superior a la que Orwell pudiese imaginarse, y ciertos aspectos del Estado en tanto que Gran Hermano se han hecho efectivamente realidad. Pero son los Pequeños Hermanos del sector privado los que recogen más datos personales de los ciudadanos […]. Además, la información que se introduce en tales bases de datos es entregada voluntariamente […], o es adquirida silenciosa e invisiblemente, sin que el sujeto implicado lo sepa. El Gran Hermano exige información, como las declaraciones de renta o las preguntas relativas al censo, por lo que tiende a suscitar resentimiento e incluso, ocasionalmente, resistencia. Los Pequeños Hermanos, por el contrario, casi no inciden en la población, mientras acumulan y clasifican información privada y personal. No disponemos de ningún término consensuado para denominar estas bases de datos dispersas pero centralizadas del sector privado, mientras que el Estado es personificado en tanto que líder y, en regímenes democráticos, se considera que debe legitimarse ante la población, al menos en teoría. Irónicamente, la transparencia monodireccional característica del Estado orwelliano se ha realizado mucho más efectivamente en el sector privado que en el público, en el que la transparencia, al menos hasta un cierto grado, es bidireccional. Tal y como sugería recientemente un periodista del New York Times, «quizás estábamos tan concentrados en evitar al Gran Hermano totalitario de Orwell, que no percibimos la llegada de millones de chismosos entrometidos».

Joshua Quittner, autor del artículo «The Death of Privacy» («La muerte de la privacidad»), publicado en el número de agosto de 1997 de la revista Time, sugiere algunos modos para protegerla: usar menos las tarjetas de crédito, no rellenar los formularios de garantía y desconectar los cookies. Sin embargo, rechaza la idea de una intervención y regulación del Estado, adoptando el individualismo anti-Estado tan popular y predominante en Estados Unidos. Pero conceptualizar la intimidad exclusivamente en términos de valor o de interés individual refuerza el individualismo atomístico, y sitúa al individuo en conflicto inevitable con la sociedad. De este modo, la intimidad sólo puede definirse negativamente como el «derecho a que nos dejen estar solos». Tal concepción, como ha argumentado Priscilla Regan, aporta una base teórica muy poco consistente para desarrollar una política pública en esa aérea.3 La autora propone volver a pensar la intimidad como un valor positivo, social y colectivo: el dominio público en una democracia se beneficia de la participación
de sujetos libres y en igualdad de condiciones, cuya autonomía se enraíza en un sentimiento auténtico de autoestima que se aporta a una comunidad de semejantes. A pesar de lo atractiva que es su argumentación, sigue manteniendo una posición individualista, ya que es realmente difícil concebir cómo individuos aislados, aunque constituyan un pequeño grupo con ideas semejantes y con el propósito de emprender diversas acciones, podría realmente oponerse a los efectos de la infovigilancia, teniendo en cuenta todo el dinero que la mueve y el poder de las grandes empresas que la promueven.”